Aseguran que no intentaron extorsionar a las autoridades de Pinamar y que solamente buscan una ayuda financiera para costearse el viaje de regreso a nuestra provincia. Los “trapitos” tucumanos que están “varados” en esa localidad balnearia desde hace dos semanas, debido a que entró en vigencia una ordenanza que les prohíbe realizar la actividad, mantuvieron un diálogo telefónico con LA GACETA y contaron su versión.

“No somos delincuentes. Sólo vinimos a trabajar y no nos dejan. Somos 30 los que viajamos desde Tucumán, estamos tirados y lo único que pedimos es que alguien, ya sea del gobierno de la provincia o de Pinamar, nos ayude a pagar el pasaje para volver”, expresó Carlos Chapero, uno de los hombres que viajó a la costa para trabajar cuidando coches durante la temporada de verano.

Desde que llegaron, protagonizaron varios incidentes con la Policía, debido a que se resistían a abandonar la calle.

Además, según denunció el intendente de Pinamar, Martín Yeza, estas personas quisieron agredirlo físicamente e intentaron extorsionarlo, debido a que le exigieron el pago de $ 15.000 por persona como condición para abandonar su ciudad y regresar a Tucumán. En una entrevista a un canal de cable de esa ciudad, el propio Chapero había hecho público el reclamo de esa suma de dinero. Sin embargo, el hombre aseguró en la comunicación que mantuvo ayer con este diario que “todo fue un malentendido”. “Nosotros lo único que queremos es volvernos a Tucumán, y como no tenemos ningún tipo de ingreso porque no nos dejan trabajar, le pedimos al Gobierno que nos dé una mano para pagar el viaje de regreso en ómnibus. Nunca agredimos a nadie y todo lo que dice el intendente, a quien nunca lo vimos cara a cara, es mentira”, argumentó.

Según Chapero, desde hace siete años viaja a la costa para trabajar como “cuidacoches”. “Nadie nos avisó que no íbamos poder trabajar en Pinamar, porque a esta ley que nos discrimina por no ser residentes la aprobaron el 31 de diciembre. Si sabíamos eso no viajábamos”, acotó.

Pedido al Gobierno
Lucas Prats, otro de los “trapitos” tucumanos que se encuentra en Pinamar, dijo que leyeron por internet una nota de LA GACETA en la que el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, manifestó que hay un compromiso de la Provincia en colaborar con las autoridades de Pinamar para resolver el conflicto. “Vimos que están dispuestos a colaborar para resolver nuestra situación. Por eso, esperamos que alguien del gobierno provincial nos ayude a pagarnos el viaje de vuelta a Tucumán, porque acá no tenemos ningún tipo de ingreso debido a que nos prohíben trabajar”, señaló el joven de 29 años.

El ministro Amado había asegurado que la Provincia no facilitó ni financió el viaje de estas personas, como parte del plan de traslado de obreros “golondrinas” en períodos de interzafra, que beneficia a trabajadores del limón, de la caña de azúcar y del rubro gastronómico.

Sin embargo, Prats aseguró que llegaron a la costa “en un colectivo que pagó el Gobierno” de la Provincia. “En total, hemos viajado 40 y en Pinamar quedamos unos 30, mientras que el resto se dispersó en otras ciudades de la costa, como Villa Gesell y Mar del Plata. Es verdad que no nos mandaron para hacer trabajo de ‘trapito’, pero es lo único que sabemos hacer. Pedimos que el Gobierno nos ayude para volver a la provincia, nada más”, agregó.

Prats dijo que, ante la imposibilidad de trabajar cuidando autos, junto a los otros “trapitos” tucumanos que viajaron a Pinamar están realizando “pequeñas changas, como trabajos de albañilería, pintura o jardinería, pero eso apenas alcanza para comer”.

“Una patota”
Por su parte, el secretario de Seguridad de Pinamar, Matías Yeannes, dijo en diálogo telefónico con LA GACETA que “desde hace unos días la situación está bajo control y estas personas no volvieron a trabajar, debido a que se hizo un refuerzo importante en la presencia policial en las zonas donde tenían sus paradas”.

El funcionario indicó que, el martes pasado, los trapitos fueron a la Intendencia “a exigir que se les pague $ 15.000 para volverse a Tucumán y, como recibieron una negativa, amenazaron con cortar las calles, pero no lo hicieron”.

Yeannes se refirió a los incidentes protagonizados por este grupo de tucumanos. “Se instalaban en las zonas más transitadas, ocupaban muchas cuadras, tenían problemas con trapitos de la zona y hubo incidentes, porque querían cobrar montos exorbitantes, de hasta $ 100 pesos a los automovilistas, y cuando la gente se negaba a darles ese dinero se ponían violentos”, relató.

Agregó que “hubo denuncias policiales por violencia contra turistas por parte de estas personas, que actuaban como una patota”. Yeannes también confirmó que los “trapitos” argumentaron que llegaron “en un colectivo pagado por el Gobierno de Tucumán para realizar trabajos durante la temporada de verano en la costa”. Por último, el funcionario recordó que “debido a que durante el inicio de la temporada se multiplicó la presencia de ‘trapitos’ y hubo incidentes, se aprobó una ordenanza el 31 de diciembre, que entró en vigencia durante la primera semana de enero, por la cual se prohíbe realizar esa actividad a quienes no residan en Pinamar”.